Informa Canarias Ahora que la posible imputación del presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín Menis, por un presunto delito de tráfico de influencias en el caso Mogán, ha provocado un hermetismo total en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El diario publicó que Santana Cazorla pretendía negociar en Tenerife con el Gobierno, quien está imputado en delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.

Hasta las 14:15 horas de este viernes su Gabinete de Prensa no ha podido confirmar a CANARIAS AHORA la intención decidida del juez que instruye el caso, José Alexis Reyes Negrín, de remitir una pieza separada al alto tribunal, al tratarse un posible delito que afecta a otros dos miembros del Ejecutivo autónomo: el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, y director general del Gabinete del Presidente, Salvador Iglesias.

Todo está relacionado con presuntos delitos cometidos por el presidente, el consejero y el jefe del Gabinete del Presidente en relación a la declaración de interés general de la urbanización turística Anfi Tauro.

La condición de aforado de Adán Martín, por ser presidente del Gobierno y diputado autonómico por Tenerife (CC), y también de Domingo Berriel, que sin ser diputado tiene rango de consejero del Gobierno, sólo permite al TSJC intervenir y no al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 6 de San Bartolomé de Tirajana, que instruye el caso Mogán.