• Campaña contra la actual financiación de los partidos, promoviendo una nueva regulación a nivel estatal que prohíba las donaciones de dinero anónimas, y las conocidas que superen más de una cantidad pequeña y determinada.

• Defensa de una Ley electoral que consiga una auténtica democracia en la representación institucional.

• Creación de una Ley de ética para su cumplimiento por los políticos electos.

• Ley de fomento de la participación pública, apoyando económicamente el asociacionismo sin ánimo de lucro, cuyos fines sean la cultura, la educación, las acciones ciudadanas en la política, la defensa del medio ambiente, la salud, las actividades sociales, la formación, las artes, la información y la libertad de expresión. Se articulará de manera absolutamente reglada, para evitar que las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales sean decisiones arbitrarias de los gobernantes que así las controlan.

• Apoyo a la articulación cada vez mayor de la participación pública y de los distintos sectores de la sociedad, en las decisiones políticas y en todas las actuaciones públicas (mayor presencia de la sociedad en los órganos colegiados de la administración, creación de más cauces administrativos para la participación de todos los sectores sociales en los órganos de gestión política, celebración de consultas públicas, referéndum, etc.)

• Ley para garantizar la independencia de los medios de comunicación públicos, asegurar la libertad de expresión y de información, así como proteger la libertad de los informantes.

• Puesta en marcha de los presupuestos participativos, informando a la población del dinero público existente y de sus posibilidades de ejecución. Decisión democrática del pueblo sobre sus necesidades.

• Cambio de estrategia económica y social para las islas: de un modelo destructor e insostenible basado en la construcción, a un modelo basado en la revalorización del sector primario, en el apoyo a la investigación, formación y creación de empresas en el sector secundario sobre actividades ecosostenibles, y en la mejora de la calidad en el sector terciario.
  
  
• Apuesta decidida por la formación y especialización de los residentes de Canarias, a través de una política de empleo que promocione las iniciativas locales (agrarias, artesanas, ambientales, sociales, sanitarias, de investigación y de nuevas tecnologías) y el trabajo para los lugareños.
  
  
• Creación de una Ley de Residencia, en el marco de las excepciones contempladas en el Tratado de la Unión Europea.

• Apoyo firme al trabajo del sector agrario, con criterios de sostenibilidad y protección medioambiental. Dignificarlo, elevar sus rentas, eliminar intermediarios y fomentar el consumo de productos agrarios de Canarias. Aumentar las subvenciones del POSEICAN y vigilar el uso de las subvenciones del REA a los productos que provienen del exterior. Establecer como meta el autoabastecimiento alimentario máximo posible de nuestra población.
  
  
• Impulso al desarrollo de otras actividades generadoras de empleo, ecosostenibles, sociales, educativas, formativas, culturales y de nuevas tecnologías.
  
  
• Apoyo a la pequeña y mediana empresa frente al acoso de las grandes multinacionales. Incentivos fiscales para las Pymes en determinadas actividades generadoras de empleo estable, digno, sostenible y respetuoso con el medio natural.
  
  
• Fomento decidido al reciclaje y a los productos biodegradables. Impulso de las empresas dedicadas al compostaje, a la depuración, al reciclado de papel, plástico, etc. Desincentivación al gasto innecesario en envoltorios, bolsas en las tiendas, latas y botellas de vidrio, así como en todo tipo de material de usar y tirar. No a la incineración por ser absolutamente perjudicial para el medio ambiente y porque es incompatible con lo anterior, pues boicotea las políticas de reducción, reutilización y reciclado.
  
  
• Protección del tejido comercial dentro de las ciudades y prohibición de la instalación de más grandes superficies. Facilitar el acceso de los consumidores a las zonas de pequeños comerciantes, con aparcamientos públicos gratuitos y también un buen transporte público. Hacer de ese espacio urbano y comercial un lugar agradable, placentero y accesible sin atascos ni contaminación, para motivar su uso por los ciudadanos. Apoyo decidido a esta actividad económica y a la atención de sus necesidades.
  
  
• Propuesta de reforma profunda del sistema fiscal:

- Beneficiar fiscalmente las actividades generadoras de empleo ecosostenible.
- Primar los incentivos fiscales para el tejido empresarial de las pequeñas y medianas empresas canarias.
- Penalizar fiscalmente las actividades empresariales destructivas con el territorio y el medio ambiente.
- Apoyar con incentivos fiscales a las actividades agrarias respetuosas con el medio ambiente a las de conservación de la naturaleza.
- Aumentar la contribución fiscal de las riquezas mayores.
- Premiar a los propietarios que tengan y protejan en sus terrenos especies amenazadas y biodiversidad autóctona.
- Regular de forma detallada y estricta las subvenciones públicas para que se rijan por criterios de equitatividad, rigurosidad, sostenibilidad y desarrollo de valores humanísticos, culturales y formativos.

• Desarrollo de mecanismos cuyo objetivo sea alcanzar el equilibrio social, con una redistribución justa de la riqueza y con la integración plena de todos los individuos en esta sociedad, basándonos en su pluralidad. Hacer desaparecer las desigualdades, la marginalidad y la pobreza. Primar siempre el interés general sobre el particular, y regular la posibilidad de uso de la discriminación positiva para los más desfavorecidos.
  
  
• Corrección de los objetivos de la RIC actual, porque ha sido un incentivo fiscal usado principalmente para expoliar nuestro territorio, disminuir los servicios públicos, aumentar la riqueza de los empresarios con más beneficios y consolidar un modelo económico absolutamente devastador e insostenible. Modificarlo de manera que se beneficien más fiscalmente las actividades generadoras de empleo ecosostenible, el tejido empresarial de las pequeñas y medianas empresas, los servicios públicos y todos los trabajadores.
  
  
• Medir nuestra calidad de vida, nuestro desarrollo y nuestro progreso a través de índices que establece el PNUD (Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas), y no sólo a través de la visión economicista clásica del PIB (Producto Interior Bruto), que únicamente indica el crecimiento absoluto de la riqueza, pero no su distribución entre la población, ni su estabilidad en el tiempo, ni los costes sociales y ambientales que acarrea.
  
  
• Defensa de un cambio de política a nivel mundial, que globalice los derechos humanos. Presentación de charlas y debates criticando la globalización actual, que únicamente beneficia a las empresas transnacionales que expolian las riquezas naturales de los países más pobres y se aprovechan de una mano de obra barata y en pésimas condiciones laborales. Fomentar el debate social para exigir, a nivel internacional, una limitación a los beneficios empresariales desmedidos y a las riquezas exorbitantes personales, así como una legislación que impida los paraísos fiscales.
  
  
• Desarrollo de los programas de barrio, de forma participativa y decidida por los propios vecinos, creando instalaciones sanitarias, educativas, deportivas, culturales, sociales y de esparcimiento, necesarias para dignificar la vida de sus ciudadanos.
  
  
• Apoyo a los programas serios, rigurosos y presupuestados adecuadamente para la reinserción de los desfavorecidos, no como un acto de condescendencia, sino en el ejercicio de un derecho. Cambio profundo en la política actual de menores, ofreciéndoles las herramientas necesarias para su integración social y su desarrollo personal, de forma que dejen de ser víctimas involuntarias de este sistema.
  
  
• Esfuerzo intenso para la desaparición de las desigualdades que siguen existiendo entre los derechos del hombre y la mujer. Compatibilización, real y efectiva, de la vida familiar y laboral. Apoyo mayor para la maternidad, desde la primera etapa, crucial, del embarazo, hasta los primeros años de vida. Regular la vida laboral de tal forma que ambos padres puedan participar y tener tiempo para la educación de sus hijos. La sociedad de mañana será fruto de los hijos que eduquemos hoy; es una responsabilidad fundamental de todos y todas.

• Debate participativo, profundo y sosegado, sobre posibles soluciones a la carga de uso que pesa actualmente en el conjunto del archipiélago, superior al del resto del Estado y a la mayoría de las islas similares, y además sobre un territorio excepcionalmente rico, a nivel mundial, en biodiversidad y en valores ambientales. De esa riqueza natural, por otro lado, depende el futuro económico de las islas. Por ello, resulta imprescindible no aumentarla, sino reducirla en lo admisible.
  
  
  
• Protección del paisaje natural. Restauración de zonas naturales degradadas y de corredores ecológicos fundamentales para la conservación integral de la naturaleza.
  
  
  
• Defensa, protección y revalorización del suelo agrario.
  
  
  
• Mejora del paisaje urbano y de la calidad de vida en las ciudades: aumento de las zonas verdes, espacios recreativos, zonas culturales, deportivas y sociosanitarias.
  
  
  
• Lucha decidida contra la especulación inmobiliaria, la reclasificación de terrenos de suelo rústico y la corrupción generalizada consiguiente.
  
  
  
• Moratoria turística total. Eliminar de su texto actual las posibilidades de continuar la construcción de campos de golf, hoteles y apartamentos, y únicamente consentir la remodelación (o eliminación y sustitución de nueva planta moderna) de las ya existentes.
  
  
  
• Legislación y regulación necesaria para que sean habitadas las cerca de 100.000 casas vacías existentes en la actualidad.
  
  
  
• Promoción de una estrategia coherente de movilidad sostenible en el archipiélago canario. Primar el mantenimiento frente a la promoción de nueva obra. No crear más infraestructura viaria con la justificación de los colapsos automovilísticos y fomentar un transporte público eficaz. Desincentivar el uso de los coches particulares.
  
  
  
• No rotundo a las macroinfraestructuras, por ser innecesarias e ir en contra de las últimas estrategias económicas mundiales de desconcentración estructural, y porque han demostrado servir únicamente para beneficiar a determinados empresarios, destruir nuestro territorio, generar enormes comisiones de dinero para los gobernantes y partidos políticos involucrados, y desestructurar aún más el tejido social de las islas. Por tanto: Sí al Puerto de Santa Cruz, Sí a la mejora de carreteras, Sí a la restauración de las zonas turísticas, Sí al acondicionamiento del espacio urbano y Sí al desarrollo endógeno y local de cada comarca. No al Puerto de Granadilla, No al Viario Exterior de La Laguna, No al anillo insular, No a nuevas pistas de aeropuertos.
  
  
  

• Lucha contra la corrupción y la prevaricación en la gestión pública.
  
  
• Revalorización de la labor y de la profesionalización del empleado público. Despolitizar la tarea funcionarial, permitirles cumplir con su trabajo técnico en el marco y cumplimiento de las Leyes y Reglamentos. Limitar el alto número de asesores que existe en la actualidad para los cargos públicos, que crean una Administración en paralelo, multiplicando el gasto público para el clientelismo político, de personas sin formación, especialización ni oposiciones sobre el particular.
  
  
• Evitar el acoso laboral, las amenazas y la precariedad en el puesto. Cumplimiento de la Ley de la Función Pública Canaria.

• Exigencia constante en el cumplimiento de la norma básica de la Ley de Contratos en las Administraciones Públicas, con los principios de igualdad de oportunidades y de transparencia. Examinar concienzudamente los trámites excepcionales de urgencia en muchos expedientes de gasto, que sirven para no someterse a los principios básicos de la administración. Denunciar todas las irregularidades en los contratos públicos.
  
  
• Limitar la figura de la “empresa pública”, pues ha servido en gran parte para favorecer un clientelismo político, un uso fraudulento del dinero público y una forma de no cumplir con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Reducir el alto número de las existentes en la actualidad y gestionar esas funciones directamente a través de la propia Administración, creando las plazas a través de oposiciones libres y de promoción interna.
  
  
• Defensa de la gestión pública de todos los servicios y prestaciones que son esenciales para el ciudadano (agua, recursos energéticos, transporte, vivienda, etc.). Impedir la privatización: la contratación de servicios, concesiones y licencias a empresas privadas.

• Defensa del servicio público de la educación, con la consiguiente congelación del trasvase de fondos públicos para la enseñanza concertada.
  
  
• Ley Canaria de Educación, que mejore el sistema educativo, y sea producto del consenso de los diversos agentes del sistema educativo.
  
  
• Alcance de una inversión en educación igual al 7% del PIB canario.
  
  
• Coordinación de las diversas Instituciones y Organizaciones No Gubernamentales (Gobierno Canario, Cabildos, Ayuntamientos, Universidades Canarias, Consejo Escolar de Canarias, Sindicatos, Ampas, etc.) para desarrollar un Plan Integral de Educación, dirigida al conjunto de la población canaria, desde la educación infantil, la obligatoria, post-obligatoria, universitaria y educación para personas adultas. Este Plan Integral deberá ser acorde con los objetivos económicos, sociales, culturales, medioambientales y de salud que se planifiquen, y cumpliendo con los valores éticos y de convivencia exigidos.
  
  
• Adopción de medidas que hagan disminuir las tasas de alumnos por profesores, mejorar la atención a la diversidad, y favorecer a los sectores más desfavorecidos: políticas de compensación de las desigualdades, becas, gratuidad de la educación (transporte, comedor, materiales escolares,...).
  
  
• Impulso de actuaciones que favorezcan la democracia directa, la participación y la implicación familiar en los centros.
  
  
• Educación en valores: fomentar un acuerdo social para que los medios de comunicación, las familias y los poderes públicos tengan objetivos comunes a los de la institución escolar a la hora de la transmisión de valores, con especial relevancia a la solidaridad, pluralidad, respeto y autorrealización personal. Desvalorizar el carácter competitivo y la uniformidad en los seres humanos. Fomentar el espíritu crítico, la capacidad de análisis, la autoestima y el autoconocimiento.
  
  
• Favorecer la continuidad de las escuelas pequeñas en los diversos pueblos de nuestras islas en una apuesta por el desarrollo sostenible de los núcleos rurales.
  
  
• Apoyo a la enseñanza nocturna y a la enseñanza a distancia, como medios importantísimos para elevar la formación, la especialización y la promoción de mejor calidad y nivel de empleo, dirigida a los residentes canarios.
  
  
• Desarrollo curricular que atienda al conocimiento de la sociedad canaria, de su historia, su geografía, su literatura, el medioambiente, los usos y costumbres, la diversidad cultural, como forma de avanzar en el conocimiento del mundo. Impulso decidido a la cultura, como motor de cambio social, comenzando por la creación de mediatecas (biblioteca, videoteca, fonoteca y acceso a internet) en todos los pueblos y barrios.
  
  
• Mejora de las condiciones laborales del profesorado y dignificación de la profesión docente.

• Establecimiento de una política energética inteligente, basada en un sistema racional, donde la generación, distribución, almacenamiento y administración de los recursos energéticos se realice de forma descentralizada, más próxima a los lugares de consumo, cumpliendo satisfactoriamente las necesidades de los usuarios con mayor calidad, fiabilidad y eficiencia.
  
  
• Adaptación del modelo energético a cada realidad insular, de forma más participativa, democratizando la energía para que sean los ciudadanos los que decidan sobre sus recursos energéticos y las actividades energéticas públicas. Eliminar los monopolios fomentados por los poderes públicos, que utilizan nuestros recursos energéticos como una parte más del reparto de las deudas políticas.
  
  
• Promoción urgente de una estrategia basada en un uso más sostenible y responsable de la energía, primando los criterios de ahorro, eficiencia y uso racional de las fuentes de energía disponibles. Criticar la política actual que defiende exclusivamente la idea simplista de atender los crecimientos de la demanda, sin reflexionar sobre sus muchos usos banales.
  
  
• Apuesta firme, y con visión a largo plazo, por el máximo aprovechamiento y penetración de las fuentes de energía renovables en el sistema energético. Las fuentes de energía renovables suponen, para las regiones insulares, una garantía de futuro en favor de la seguridad en el suministro energético, un compromiso con el medio ambiente y los acuerdos de Kyoto, y una excelente vía para limitar nuestra peligrosa y creciente dependencia exterior. Las energías renovables no son, por tanto, una opción más de mercado, son simplemente la opción inteligente y necesaria.

• Desarrollo urgente de un plan de movilidad donde prime la accesibilidad y el uso colectivo e integrado de los diferentes modos de transporte. Un plan capaz de frenar la locura del asfalto inútil, el deterioro creciente de la calidad de vida a causa del tráfico, y que ponga freno a la suicida tendencia de seguir manteniendo un sistema basado casi exclusivamente en el uso del vehículo privado.
  
  
• Apoyo sin fisuras al sistema de transporte público que llegue a todos los puntos de la isla, con la frecuencia adecuada, buena información, puntualidad, moderno y seguro. Un sistema de transporte público capaz de complementarse eficazmente con otros modos de transporte colectivo como el taxi, e incluso con el transporte privado, reduciendo su impacto.
  
  
• Promoción de sistemas de transporte alternativos y vehículos de nueva generación, de mínimo consumo, baja emisión y mínimo impacto sonoro (eléctricos o híbridos).
  
  
• Dar prioridad al mantenimiento del sistema viario existente, frente a la política actual de crecer ilimitadamente en infraestructuras nuevas, dedicadas casi exclusivamente al transporte privado, y que no se mantienen adecuadamente. Esto implica primar la seguridad y el embellecimiento, y pensar que nuestras calles y carreteras son, tanto para los peatones, como para los coches.

• Defensa del agua como bien público. Es un derecho y una necesidad común de los ciudadanos y de todos los seres vivos. Evitar que sea la mercancía de otro negocio, con el que unos cuantos empresarios controlen nuestra supervivencia y aumente nuestra dependencia.
  
  
• Administrar adecuadamente las asignaciones de agua para las personas, para nuestros campos, bosques y barrancos, para nuestro paisaje, para nuestra industria y para el turismo. Proponer un sistema de tarifas inteligente y escalonado, donde los ciudadanos establezcan las prioridades.
  
  
• Propugnar con la máxima urgencia una nueva cultura del agua, actualizada en todos los ámbitos competenciales y legislativos. Reconocer que es un bien necesario para la vida, escaso, que ha de administrarse sabiamente y evitando malgastarlo por incultura o insolidaridad. Reabrir el largo debate del agua en Canarias, que nunca fue cerrado satisfactoriamente por ninguna de las partes.
  
  
• Reforzar las instituciones intersectoriales y organismos técnicos y científicos relacionados con la gestión del agua, declarando prioritarias las líneas de trabajo como las relacionadas con el ahorro y la eficiencia en todos los sectores, desde el doméstico hasta el turismo o la agricultura, reconociendo los grandes avances consolidados en este último apartado. Aumentar nuestra capacidad innovadora y experiencia tecnológica en materia de desalación, estableciendo nuevas alianzas entre las energías renovables y el mar que nos rodea.

• Giro radical en la política turística, cuyo modelo ha estado basado desde sus inicios, en una confusión entre turismo y negocio de la construcción, y cuyo resultado ha sido un producto turístico masivo, destructivo con el territorio y el medio ambiente, y caracterizado por su indefinición y falta de creatividad. Basar la nueva estrategia en la premisa básica de un turismo sostenible, que es la de no incrementar su presión sobre el medio, entendida como el número de turistas que visitan el archipiélago cada día, sino reducirla y acordar de forma consensuada ese valor. La relación del turismo con el medio ambiente constituye uno de los temas centrales del nuevo modelo, partiendo de la base de que no se trata sólo de una cuestión ambiental, sino ética y económica. Un desarrollo turístico aliado al medio ambiente resulta económicamente imprescindible, en la medida en que el turista actúa ya como un consumidor maduro y sensible con la naturaleza, cada día más exigente, por lo que la calidad ambiental y cultural opera ya como un factor de competitividad.
  
  
• Tres son las dimensiones de la intervención política necesaria para hacer más sostenible la industria turística canaria: reducir el consumo de recursos naturales; diversificar y mejorar los servicios prestados a los turistas, para inducir mayor gasto de los turistas; y cualificar a la población activa laboral y empresarial, fomentando la capacidad de innovación, para aprovechar las oportunidades de negocio y empleo.
  
  
• Rehabilitación de áreas turísticas degradadas, regeneración de la planta alojativa obsoleta, modernización, puesta en valor de los conocimientos locales tradicionales exigiendo una mayor transferencia de los beneficios del turismo a las comunidades locales, primar la calidad frente a la cantidad, fomentar el incremento de la productividad por gasto, especialización y duración de la estancia, y potenciar los establecimientos basados en una oferta multitemática lo más rica y diversa posible que aproveche e impulse la propia dinámica cultural. No seguir construyendo más camas turísticas.
   
• Prevenir la potenciación del “turismo verde” en medios ambientales poco idóneos y frágiles, así como analizar y controlar las implicaciones territoriales del turismo rural en cuanto a su adecuada implantación, la corrección cultural de las rehabilitaciones, y la demanda de infraestructuras que genera.
  
  
• Avanzar hacia una concepción del turismo como aliado del desarrollo sostenible. Creación de incentivos fiscales e impulso de acuerdos ambientales voluntarios con las empresas para fomentar la innovación tecnológica, la prevención de residuos, el reciclaje y el ahorro energético y de agua, procurando, por otra parte, el fomento del transporte terrestre público, así como el uso de energías limpias y renovables. Fomentar la implantación voluntaria de códigos de conducta, ecoetiquetas, certificados de calidad y auditorías ambientales.