Honradez, honestidad y austeridad en la actividad política.
Creación del Observatorio de la Corrupción.
Reducción salarial de los cargos públicos electos.
Nueva Ley de Financiación de los partidos políticos, que haga transparentes las donaciones, prohibiendo las anónimas y limitando la cantidad de las nominales.
Nueva Ley Electoral, que promueva una verdadera democracia.
Ley de Ética, que obligue a los cargos electos a cumplir con sus promesas electorales.
Puesta en marcha de los presupuestos participativos.
Obligatoriedad de declaración pública del patrimonio de los cargos electos al principio y al final de su mandato.
Ley de Fomento de la Participación pública.
Ley para garantizar la independencia de los medios de comunicación públicos. Cambio profundo en las Islas: de un
modelo destructor e insostenible basado en la construcción, a un modelo que revalorice el sector primario.
Apoyo firme a los sectores agrario, ganadero y pesquero.
Impulso a la pequeña y mediana empresa.
Establecer como meta el autoabastecimiento alimentario máximo posible de nuestra población (soberanía alimentaria).
Prohibición del establecimiento de nuevas grandes superficies.
Reforma profunda del sistema fiscal: Beneficiar fiscalmente la actividad generadora de empleo ecosostenible.
Incentivos fiscales para actividades empresariales respetuosas con el medio ambiente.
Aumentar la contribución fiscal de las grandes riquezas.
Penalizar fiscalmente las actividades empresariales destructivas con el territorio y el medio ambiente.
Desarrollo de mecanismos cuyo objetivo sea alcanzar el equilibrio social, con redistribución justa de la riqueza.
Protección del paisaje natural.
Defensa, protección y revalorización del suelo agrario.
Lucha decidida contra la especulación inmobiliaria.
Moratoria turística total y remodelación de la planta turística.
No a la construcción de más campos de golf.
Legislación y regulación necesaria para que sean habitadas cerca de 100.000 viviendas vacías existentes en la actualidad.
No a las macroinfraestructuras, por innecesarias y por beneficiar sólo a determinados empresarios.
No al macropuerto de Granadilla.
Sí al puerto de Santa Cruz.
Sí a la mejora de las carreteras existentes.
No a nuevas pistas en los aeropuertos, por innecesarias