A estas alturas, la ciudadanía no cree que exista financiación tangible para afrontar las obras, como exige la Ley. Tampoco cree la Ciudadanía que tenga la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, capacidad para endeudarse hasta estas desproporcionadas cifras, más de 136 millones de euros, por lo que también lo consideran otra ilegalidad. Independientemente de todo esto, la Comisión Europea ha autorizado el proyecto del puerto de Granadilla con unas importantes medidas correctoras y compensatorias, que no se han cumplido como su mandamiento exige. Solo las obras para trasvasar al Sur las arenas que se retengan al Norte por la interrupción de la dinámica litoral, son tan vitales y tienen tanta importancia, que requieren que el proyecto sea obligatoriamente modificado y provisto de un nuevo estudio de impacto ambiental, por las graves consecuencias de carácter  irreversible que todo esto le podría ocasionar al importante ecosistema allí existente, en donde se ubican dos Lugares de Interés Comunitario, varios Espacios Naturales Protegidos, Especies en Peligro de Extinción y las únicas Playas Naturales de la Isla.

Lo anterior, al igual que la nueva Fundación  paritaria exigida por la Unión Europea, tienen que ser pasos previos, como el resto de medidas que aún están pendientes de ejecutar, a la adjudicación de las obras. No en vano se podría llegar al extremo de tener que abortar el proyecto, ante la imposibilidad de poder ejecutar con la eficiencia requerida, estas medidas arbitradas por la Unión Europea para paliar las gravísimas y negativas afecciones medioambientales reconocidas por  ellos mismos, que terminarían haciendo desaparecer de forma irrecuperable estos valiosísimos y vírgenes Espacios. Una vez adjudicado el proyecto, si se tuviera que desechar por todo esto, tendría la Autoridad Portuaria que hacer frente, de forma innecesaria y con el dinero de todos, al Lucro Cesante, que suele establecerse en un 20% del coste total de la obra, o sea, unos 27 millones de euros. ¡INTOLERABLE!  Tengamos muy presente, para impedir como sea esta disparatada actuación, los indicios ya reales de corrupción que existen y le rodean, así como las gravísimas imputaciones que pesan sobre el presidente de la Autoridad Portuaria y otros "politicoempresarios" afines, que hasta podrían hacerse con la adjudicación...

Si no es suficiente, les adjunto artículos de los más importantes periódicos de las Islas Canarias, para que lean y analicen todo lo que la destacada Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales-CONCAP dice. Lean esto muy detenidamente y saquen conclusiones. Les anticipo que la CONCAP está a favor del puerto de Granadilla, por lo que aún es más grave lo que manifiesta. Procede impedir la adjudicación con una intervención MUY URGENTE de la UNIÓN EUROPEA y del MINISTERIO DE FOMENTO del Gobierno Español, esperar a que todas las medidas exigidas por Europa se cumplimenten, al igual que las Leyes vigentes para este tipo de contrataciones públicas. La ciudadanía también cree que el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luís Suárez Trenor, que estará sentado hoy en la mesa del Consejo, no reúne en la actualidad la claridad y limpieza que debería de reunir, por sus imputaciones judiciales, para adoptar este tipo de decisiones tan gravosas para la Isla de Tenerife y su futuro.