• Debate participativo, profundo y sosegado, sobre posibles soluciones a la carga de uso que pesa actualmente en el conjunto del archipiélago, superior al del resto del Estado y a la mayoría de las islas similares, y además sobre un territorio excepcionalmente rico, a nivel mundial, en biodiversidad y en valores ambientales. De esa riqueza natural, por otro lado, depende el futuro económico de las islas. Por ello, resulta imprescindible no aumentarla, sino reducirla en lo admisible.
  
  
  
• Protección del paisaje natural. Restauración de zonas naturales degradadas y de corredores ecológicos fundamentales para la conservación integral de la naturaleza.
  
  
  
• Defensa, protección y revalorización del suelo agrario.
  
  
  
• Mejora del paisaje urbano y de la calidad de vida en las ciudades: aumento de las zonas verdes, espacios recreativos, zonas culturales, deportivas y sociosanitarias.
  
  
  
• Lucha decidida contra la especulación inmobiliaria, la reclasificación de terrenos de suelo rústico y la corrupción generalizada consiguiente.
  
  
  
• Moratoria turística total. Eliminar de su texto actual las posibilidades de continuar la construcción de campos de golf, hoteles y apartamentos, y únicamente consentir la remodelación (o eliminación y sustitución de nueva planta moderna) de las ya existentes.
  
  
  
• Legislación y regulación necesaria para que sean habitadas las cerca de 100.000 casas vacías existentes en la actualidad.
  
  
  
• Promoción de una estrategia coherente de movilidad sostenible en el archipiélago canario. Primar el mantenimiento frente a la promoción de nueva obra. No crear más infraestructura viaria con la justificación de los colapsos automovilísticos y fomentar un transporte público eficaz. Desincentivar el uso de los coches particulares.
  
  
  
• No rotundo a las macroinfraestructuras, por ser innecesarias e ir en contra de las últimas estrategias económicas mundiales de desconcentración estructural, y porque han demostrado servir únicamente para beneficiar a determinados empresarios, destruir nuestro territorio, generar enormes comisiones de dinero para los gobernantes y partidos políticos involucrados, y desestructurar aún más el tejido social de las islas. Por tanto: Sí al Puerto de Santa Cruz, Sí a la mejora de carreteras, Sí a la restauración de las zonas turísticas, Sí al acondicionamiento del espacio urbano y Sí al desarrollo endógeno y local de cada comarca. No al Puerto de Granadilla, No al Viario Exterior de La Laguna, No al anillo insular, No a nuevas pistas de aeropuertos.
  
  
  

• Lucha contra la corrupción y la prevaricación en la gestión pública.
  
  
• Revalorización de la labor y de la profesionalización del empleado público. Despolitizar la tarea funcionarial, permitirles cumplir con su trabajo técnico en el marco y cumplimiento de las Leyes y Reglamentos. Limitar el alto número de asesores que existe en la actualidad para los cargos públicos, que crean una Administración en paralelo, multiplicando el gasto público para el clientelismo político, de personas sin formación, especialización ni oposiciones sobre el particular.
  
  
• Evitar el acoso laboral, las amenazas y la precariedad en el puesto. Cumplimiento de la Ley de la Función Pública Canaria.