• Campaña contra la actual financiación de los partidos, promoviendo una nueva regulación a nivel estatal que prohíba las donaciones de dinero anónimas, y las conocidas que superen más de una cantidad pequeña y determinada.

• Defensa de una Ley electoral que consiga una auténtica democracia en la representación institucional.

• Creación de una Ley de ética para su cumplimiento por los políticos electos.

• Ley de fomento de la participación pública, apoyando económicamente el asociacionismo sin ánimo de lucro, cuyos fines sean la cultura, la educación, las acciones ciudadanas en la política, la defensa del medio ambiente, la salud, las actividades sociales, la formación, las artes, la información y la libertad de expresión. Se articulará de manera absolutamente reglada, para evitar que las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales sean decisiones arbitrarias de los gobernantes que así las controlan.

• Apoyo a la articulación cada vez mayor de la participación pública y de los distintos sectores de la sociedad, en las decisiones políticas y en todas las actuaciones públicas (mayor presencia de la sociedad en los órganos colegiados de la administración, creación de más cauces administrativos para la participación de todos los sectores sociales en los órganos de gestión política, celebración de consultas públicas, referéndum, etc.)

• Ley para garantizar la independencia de los medios de comunicación públicos, asegurar la libertad de expresión y de información, así como proteger la libertad de los informantes.

• Puesta en marcha de los presupuestos participativos, informando a la población del dinero público existente y de sus posibilidades de ejecución. Decisión democrática del pueblo sobre sus necesidades.

2) Estrategia económica y social: Reforma de la política fiscal y fomento de empleo estable y ecosostenible.
 

• Cambio de estrategia económica y social para las islas: de un modelo destructor e insostenible basado en la construcción, a un modelo basado en la revalorización del sector primario, en el apoyo a la investigación, formación y creación de empresas en el sector secundario sobre actividades ecosostenibles, y en la mejora de la calidad en el sector terciario.
  
  
• Apuesta decidida por la formación y especialización de los residentes de Canarias, a través de una política de empleo que promocione las iniciativas locales (agrarias, artesanas, ambientales, sociales, sanitarias, de investigación y de nuevas tecnologías) y el trabajo para los lugareños.
  
  
• Creación de una Ley de Residencia, en el marco de las excepciones contempladas en el Tratado de la Unión Europea.