• Defensa del agua como bien público. Es un derecho y una necesidad común de los ciudadanos y de todos los seres vivos. Evitar que sea la mercancía de otro negocio, con el que unos cuantos empresarios controlen nuestra supervivencia y aumente nuestra dependencia.
  
  
• Administrar adecuadamente las asignaciones de agua para las personas, para nuestros campos, bosques y barrancos, para nuestro paisaje, para nuestra industria y para el turismo. Proponer un sistema de tarifas inteligente y escalonado, donde los ciudadanos establezcan las prioridades.
  
  
• Propugnar con la máxima urgencia una nueva cultura del agua, actualizada en todos los ámbitos competenciales y legislativos. Reconocer que es un bien necesario para la vida, escaso, que ha de administrarse sabiamente y evitando malgastarlo por incultura o insolidaridad. Reabrir el largo debate del agua en Canarias, que nunca fue cerrado satisfactoriamente por ninguna de las partes.
  
  
• Reforzar las instituciones intersectoriales y organismos técnicos y científicos relacionados con la gestión del agua, declarando prioritarias las líneas de trabajo como las relacionadas con el ahorro y la eficiencia en todos los sectores, desde el doméstico hasta el turismo o la agricultura, reconociendo los grandes avances consolidados en este último apartado. Aumentar nuestra capacidad innovadora y experiencia tecnológica en materia de desalación, estableciendo nuevas alianzas entre las energías renovables y el mar que nos rodea.

• Giro radical en la política turística, cuyo modelo ha estado basado desde sus inicios, en una confusión entre turismo y negocio de la construcción, y cuyo resultado ha sido un producto turístico masivo, destructivo con el territorio y el medio ambiente, y caracterizado por su indefinición y falta de creatividad. Basar la nueva estrategia en la premisa básica de un turismo sostenible, que es la de no incrementar su presión sobre el medio, entendida como el número de turistas que visitan el archipiélago cada día, sino reducirla y acordar de forma consensuada ese valor. La relación del turismo con el medio ambiente constituye uno de los temas centrales del nuevo modelo, partiendo de la base de que no se trata sólo de una cuestión ambiental, sino ética y económica. Un desarrollo turístico aliado al medio ambiente resulta económicamente imprescindible, en la medida en que el turista actúa ya como un consumidor maduro y sensible con la naturaleza, cada día más exigente, por lo que la calidad ambiental y cultural opera ya como un factor de competitividad.
  
  
• Tres son las dimensiones de la intervención política necesaria para hacer más sostenible la industria turística canaria: reducir el consumo de recursos naturales; diversificar y mejorar los servicios prestados a los turistas, para inducir mayor gasto de los turistas; y cualificar a la población activa laboral y empresarial, fomentando la capacidad de innovación, para aprovechar las oportunidades de negocio y empleo.
  
  
• Rehabilitación de áreas turísticas degradadas, regeneración de la planta alojativa obsoleta, modernización, puesta en valor de los conocimientos locales tradicionales exigiendo una mayor transferencia de los beneficios del turismo a las comunidades locales, primar la calidad frente a la cantidad, fomentar el incremento de la productividad por gasto, especialización y duración de la estancia, y potenciar los establecimientos basados en una oferta multitemática lo más rica y diversa posible que aproveche e impulse la propia dinámica cultural. No seguir construyendo más camas turísticas.
   
• Prevenir la potenciación del “turismo verde” en medios ambientales poco idóneos y frágiles, así como analizar y controlar las implicaciones territoriales del turismo rural en cuanto a su adecuada implantación, la corrección cultural de las rehabilitaciones, y la demanda de infraestructuras que genera.
  
  
• Avanzar hacia una concepción del turismo como aliado del desarrollo sostenible. Creación de incentivos fiscales e impulso de acuerdos ambientales voluntarios con las empresas para fomentar la innovación tecnológica, la prevención de residuos, el reciclaje y el ahorro energético y de agua, procurando, por otra parte, el fomento del transporte terrestre público, así como el uso de energías limpias y renovables. Fomentar la implantación voluntaria de códigos de conducta, ecoetiquetas, certificados de calidad y auditorías ambientales.