• Establecimiento de una política energética inteligente, basada en un sistema racional, donde la generación, distribución, almacenamiento y administración de los recursos energéticos se realice de forma descentralizada, más próxima a los lugares de consumo, cumpliendo satisfactoriamente las necesidades de los usuarios con mayor calidad, fiabilidad y eficiencia.
  
  
• Adaptación del modelo energético a cada realidad insular, de forma más participativa, democratizando la energía para que sean los ciudadanos los que decidan sobre sus recursos energéticos y las actividades energéticas públicas. Eliminar los monopolios fomentados por los poderes públicos, que utilizan nuestros recursos energéticos como una parte más del reparto de las deudas políticas.
  
  
• Promoción urgente de una estrategia basada en un uso más sostenible y responsable de la energía, primando los criterios de ahorro, eficiencia y uso racional de las fuentes de energía disponibles. Criticar la política actual que defiende exclusivamente la idea simplista de atender los crecimientos de la demanda, sin reflexionar sobre sus muchos usos banales.
  
  
• Apuesta firme, y con visión a largo plazo, por el máximo aprovechamiento y penetración de las fuentes de energía renovables en el sistema energético. Las fuentes de energía renovables suponen, para las regiones insulares, una garantía de futuro en favor de la seguridad en el suministro energético, un compromiso con el medio ambiente y los acuerdos de Kyoto, y una excelente vía para limitar nuestra peligrosa y creciente dependencia exterior. Las energías renovables no son, por tanto, una opción más de mercado, son simplemente la opción inteligente y necesaria.

• Desarrollo urgente de un plan de movilidad donde prime la accesibilidad y el uso colectivo e integrado de los diferentes modos de transporte. Un plan capaz de frenar la locura del asfalto inútil, el deterioro creciente de la calidad de vida a causa del tráfico, y que ponga freno a la suicida tendencia de seguir manteniendo un sistema basado casi exclusivamente en el uso del vehículo privado.
  
  
• Apoyo sin fisuras al sistema de transporte público que llegue a todos los puntos de la isla, con la frecuencia adecuada, buena información, puntualidad, moderno y seguro. Un sistema de transporte público capaz de complementarse eficazmente con otros modos de transporte colectivo como el taxi, e incluso con el transporte privado, reduciendo su impacto.
  
  
• Promoción de sistemas de transporte alternativos y vehículos de nueva generación, de mínimo consumo, baja emisión y mínimo impacto sonoro (eléctricos o híbridos).
  
  
• Dar prioridad al mantenimiento del sistema viario existente, frente a la política actual de crecer ilimitadamente en infraestructuras nuevas, dedicadas casi exclusivamente al transporte privado, y que no se mantienen adecuadamente. Esto implica primar la seguridad y el embellecimiento, y pensar que nuestras calles y carreteras son, tanto para los peatones, como para los coches.