UC se pregunta qué interés existe en construir un Puerto destinado al trasbordo de contenedores en la única zona de la costa tinerfeña donde con más fuerza y constancia a lo largo de todo el año soplan los vientos. Se pregunta UC además qué interés hay en la construcción de ese Puerto a costa incluso de dañar de forma irreversible uno de los parajes naturales de mayor riqueza biológica del Archipiélago, tal y como ha alertado la comunidad científica, máxime cuando el Puerto de Santa Cruz, ahora en obras de ampliación, hace completamente innecesario aquél por varias décadas, según los expertos.
Se pregunta UC por qué el Gobierno de Canarias, con su presidente y su Consejero de Medio Ambiente a la cabeza, supuestos garantes del equilibrio entre desarrollo económico y conservación del medio ambiente, opta por obedecer a la cúpula empresarial, contraviniendo “presuntamente” la legalidad medioambiental e ignorando a los muchos miles de ciudadanos (56.000 firmas en favor de una ILP para su debate en el Parlamento, masivas manifestaciones, comunicados de organizaciones ecologistas, sindicales, políticas, sociales, culturales, académicas...) que han expresado su rechazo al que sin duda sería uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados en esta isla.
Para UC es tan ineficaz como penoso el papel que está desempeñando el científico Antonio Machado Carrillo, director del Observatorio Puerto de Granadilla, respaldando a los defensores de ese Puerto, tratando de desacreditar a los científicos de la ULL, llamando ecofascistas a los ecologistas y atreviéndose a afirmar en la prensa que “no ha habido manipulación de los informes técnicos”.
Por otra parte, el último argumento conocido del Presidente Paulino Rivero para defender el urgente inicio de las obras es el de dar empleo a muchas familias necesitadas. Pero su compañero de filas de CC y Presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza lo habría desautorizado sentenciando que, una vez transcurridos los 3 años de las obras, el Puerto daría trabajo “a unas 70 personas”. Hay estudios que aseguran que no serían más de 45. Se sabe además que esta obra requiere un personal muy especializado que no existe en las islas, por lo que gran parte de los 500 empleos de los que hablan durante los 3 años que durarían las obras, muy probablemente serían para personal venido de fuera. Nada dicen nuestras autoridades de las secuelas que acarrearía ese hipotético Puerto para los potentes núcleos turísticos consolidados en el Sur: desaparición de playas en las inmediaciones, contaminación marina, intensificación del tráfico terrestre...
UC considera un despilfarro de dinero público el que se destinen 200 millones de euros a esa obra cuando, si realmente este Gobierno de CC-PP tuviese auténtico interés en reducir el desempleo en las islas, se afanaría en conseguir 200 millones de euros para crear puestos de trabajo de calidad en sectores públicos tan desasistidos como los de Sanidad y Asuntos Sociales.
UC espera que el partido más votado en Canarias, el PSC-PSOE clarifique de una vez su posicionamiento frente a la construcción del Puerto de Granadilla, puesto que tras haber aprobado de forma unánime su rechazo a esa infraestructura en su reciente Congreso insular de Tenerife, instando al Gobierno Central “a que lo declare ilegal”, sin embargo continúan poniendo de manifiesto en los medios de comunicación posturas encontradas.
